El asedio contra la bahía de Zihuatanejo

Silvestre Pacheco León

Apenas un año después de que la comunidad de Zihuatanejo se alzara con la victoria frente a la amenaza de privatizar su bahía por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ante la generalizada oposición popular al proyecto finalmente desistió de la construcción de una terminal para muelle de cruceros en la bahía, nuevamente la sociedad se ha levantado ante el anuncio de que esa misma dependencia del gobierno federal entregó en concesión al Fonatur, el 26 de octubre del 2010, “el Recinto Portuario correspondiente al puerto de Zihuatanejo y sus aguas adyacentes, que comprenden la zona de fondeo de la bahía del mismo nombre”, es decir, la que ocupan los cruceros cuando se estacionan, el área por donde circulan los tanders con sus pasajeros, y hasta la laguna de Las Salinas, otrora santuario de aves y reserva de mangles.

La historia del asedio contra los bienes de la comunidad habla de una clara complicidad entre inversionistas privados y funcionarios públicos, quienes a falta de creatividad para hacer negocio con el turismo sustentable, le apuestan a los viejos métodos de conquista, depredación y exterminio que han caracterizado a los invasores.

Si en el año 2009 la SCT desistió de su intento por hacer de nuestra pequeña bahía un fondeadero de cruceros frente a la férrea oposición que denunciaba la irremediable destrucción de ese recurso natural que hemos considerado un bien común, en 2010 Juan Molinar Horcasitas, todavía al frente de la SCT en esa fecha, dio en concesión el área del muelle que desde 1974 se considera como “puerto habilitado para tráfico de cabotaje y pesca litoral”, al Fideicomiso Fondo Nacional de Turismo, el que pretende convertir al puerto de Zihuatanejo en “Autoridad Portuaria Integral” responsable de modificar todo lo que ahora sucede en el área, permitiendo básicamente el acceso de capitales privados para ocupar los espacios liberados y negociar con los servicios que demandan los que utilizan el muelle.

Para ello el Fonatur ha dejado la administración del muelle de Zihuatanejo en manos de Fernando Gaytán Valle, su empleado, en calidad de gerente, quien en un plazo que no rebase los 90 días debe presentar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes su Programa Maestro de Desarrollo que contendrá el diagnóstico de la situación que guardan las áreas concesionadas, la descripción de las áreas para la operación y servicios, los programas de expansión y modernización de la infraestructura y las medidas para preservar el equilibrio ecológico.

Siguiendo la vieja costumbre de presentar las decisiones que afectan a la comunidad como hechos consumados, en el más viejo estilo de los gobiernos autoritarios, el gobierno federal sólo apareció interesado en divulgar el acto de la concesión cuando la incertidumbre sobre su futuro llevó a la movilización de los sectores sociales directamente afectados.

La directora general del Fonatur, Adriana Pérez Quesnal, en una conferencia de prensa citada en el Club de Golf Palma Real de Ixtapa, el 28 de febrero pasado, expuso que el propósito de la concesión consistía en modernizar los servicios que presta el muelle municipal. En su concepto la funcionaria dijo que en Zihuatanejo deben crearse las condiciones para que los visitantes de cruceros bajen a tierra sin el riesgo que ahora representan las lanchas que transportan a los pasajeros desde el barco a tierra firme, lo que implica utilizar como exclusiva la zona adyacente del muelle, tal y como lo establece el reglamento de cruceros elaborado por Estados Unidos para prevenir ataques terroristas a las embarcaciones donde viajan muchos de sus connacionales, lo cual impedirá que las actividades que ahora se desarrollan en la bahía sean suspendidas cada vez que un crucero atraque en la bahía.

La funcionara agregó que el programa de modernización de la infraestructura portuaria que promueve el gobierno federal consiste en crear atractivos en el puerto que interesen a los turistas de cruceros para que alarguen su estadía en la ciudad. Se entiende que esos atractivos en los que piensa la funcionaria tienen que ver con cambios en la imagen urbana del puerto, y la supresión de actividades que a los ojos de los modernizadores carecen de atractivo, como serían los talleres de reparación de embarcaciones así como las asambleas y actividades recreativas que realizan los vecinos en torno al muelle.

Un cambio radical en este proceso lo vivirá el área de influencia de la laguna de Las Salinas, la que en sus más de 6 hectáreas se encuentra ahora ocupada por pescadores, lancheros, artesanos y comerciantes.

Cuando en el 2009 los ambientalistas señalamos que el impacto ecológico negativo de los cruceros en la bahía sería inmensamente mayor a los beneficios que la economía recibe con el 30 por ciento de los pasajeros que bajan a tierra, el director de Marina Mercante de la SCT, Ángel González Rul, nos respondió que en sus reportes aparecía que en la bahía ya no había vida. Ese hecho falso, sin embargo, significaba para el funcionario que se podía seguir contaminando la bahía en lugar de buscar su salvación. De esa especie es la conciencia de quienes sirven al régimen panista. Su doctrina cristiana no tiene nada que ver con la preservación de la vida en los valores que defienden.

Por eso la directora general del Fonatur ha dicho que como parte de la coordinación entre autoridades para lograr la modernización, el gobierno local se ha comprometido a rehabilitar las plantas de tratamiento para evitar que se sigan vertiendo las aguas del drenaje crudas a la zona de la laguna.

El compromiso que de suyo sería relevante en términos de la sanidad tanto para la población local como para la vida en la bahía, es de los más difíciles de cumplir porque su reflejo se registra en el monitoreo de la calidad del agua que realiza la CNA, y salvo que dichas lecturas se maquillen, hasta los propios pescadores pueden darse cuenta si la situación está cambiando para bien, pues de acuerdo con el último reporte conocido y que corresponde a la primera quincena de febrero, el agua del mar en la playa principal contenía hasta 691 enterococos por cada cien mililitros de agua, cuando la norma establece 200 enterococos.

Vista en perspectiva la concesión del muelle de Zihuatanejo otorgada al Fonatur, lo que deja claro es el enorme peso que tienen los inversionistas privados dedicados al negocio inmobiliario en las zonas costeras. Ellos saben bien del potencial económico que está por aprovecharse en Zihuatanejo si pueden monopolizar el uno por ciento de los beneficios que dejan los cruceristas respecto a los turistas que llegan al puerto por vía aérea y terrestre. El plan está más que claro, pues los dueños de la línea de cruceros, Ocean Star Cruises, pretenden utilizar a Zihuatanejo como puerto de escala para sus viajes semanales en ésta parte del Pacífico. El negocio les saldrá redondo, no importa si para la modernización del muelle los contribuyentes tenemos que pagar 70 millones y una cantidad igual para el dragado de la laguna.
Si hace algunos años, cuando se discutía en Zihuatanejo la necesidad de exigir al gobierno federal la misma atención al puerto que la otorgada a Ixtapa, se pensaba en Fonatur como el organismo a propósito para venir a poner orden en el crecimiento urbano y los servicios de drenaje y alcantarillado, jardinería, recolección de basura y alumbrado público, de la ciudad que sirve como dormitorio a los empleados de la zona hotelera, jamás nos imaginamos que alguien estuviera planeando una invasión a nuestro espacio.

Aunque sabíamos de las diferentes esferas y atribuciones que tienen el Fonatur, el ayuntamiento y el gobierno estatal, resaltábamos el hecho de que Ixtapa creció a expensas de Zihuatanejo y que había que saldar esa deuda que nos mantiene desiguales.
Pero lejos de buscar mecanismos participativos que salden esa desigualdad y superen la discriminación que ahora existe entre los dos lugares, lo que ahora se pretende es venir de la zona federal exclusiva de Ixtapa a modificar la vida de Zihuatanejo, sólo para favorecer a esos inversionistas que nunca, en ningún lugar han dado muestras de sensibilidad para el cuidado de los recursos naturales y menos para tratar con respeto y pagar decorosamente a sus empleados.

La concesión del muelle de Zihuatanejo, presentada como una acción concertada entre los tres órdenes de gobierno para el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Nacional de Desarrollo Portuario, cubre bien las espaldas de los funcionarios locales, quienes viendo la reacción de la comunidad han tratado de ubicarse al margen de la iniciativa, quizá ignorando que, en todo caso, son piezas desechables en el juego de ajedrez de quienes toman las decisiones del poder al que sirven.

En estas luchas intensas y permanentes que la comunidad de Zihuatanejo está obligada a presentar quizá más temprano que tarde pueda emerger de entre los diversos sectores que la componen la propuesta alternativa de desarrollo al viejo y excluyente modelo de turismo cuyos beneficios sólo prolongan la desigualdad.
Para eso falta que los pescadores, los lancheros, los comerciantes y en general la sociedad organizada de Zihuatanejo trabaje en un programa que comprometa a los gobernantes para poner orden tanto en la bahía como en el muelle y en la laguna de Las Salinas.

La inversión para tener un puerto turístico sustentable sería de las más baratas frente a los presupuestos millonarios que ahora se manejan, porque se trata básicamente de trabajar en la organización de la comunidad para que de ella surja el modelo a seguir, liberando la energía y creatividad de los lugareños.

El Sur, 15 de mayo de 2011